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TRIBUNA
Promesas en peligro
Publicado el 02-05-2010 , por
No es una exageración ni una temeridad afirmar que las dimensiones que está alcanzando el crecimiento del desempleo puede llevarnos al conflicto social. La cifra de 4.612.700 personas en paro, que ratifica la Encuesta de Población Activa (EPA) del primer trimestre del año, es la más alta de la reciente Historia de España, y la tasa de desempleo, equivalente al 20,05% de la población activa, es la más elevada desde 1997.
Es verdad que se está ralentizando el deterioro del mercado de trabajo, pero aún así, resulta poco creíble la previsión optimista del presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, de que el paro “ha tocado techo” y que, a partir de este mismo mes, va a empezar a bajar lentamente.
Sobre todo, porque ante la eventualidad de que la economía esté empezando a salir de la recesión, todavía es muy difícil saber dónde está el nivel de crecimiento a partir del cual se creará empleo en términos netos. Incluso, la repercusión total que haya podido tener la recesión en el tejido productivo es una incógnita que aún está por despejar. De hecho, uno de los datos más llamativos de la situación económica es que con 4.600.000 parados no haya una crisis social.
Es legendaria la solidaridad familiar que hay en la sociedad española y que, en ésta, como en otras situaciones de gravedad, ha ayudado a soportar la tormenta. Pero, uno de los datos más relevantes de la EPA es que 1,3 millones de hogares tienen en el desempleo a todos los miembros en edad y condiciones de trabajar, con un crecimiento interanual del 21,5%. Por lo tanto, con estas premisas y la relativa paz social que vive España, no resulta descabellado pensar que estamos ante un resurgimiento de la economía sumergida. Es más, los últimos datos de aumento en las ventas de automóviles y la ligera recuperación de hipotecas no cuadran con este panorama desolador del desempleo.
Aunque el secretario de Estado de Economía, José Manuel Campa, haya descartado que pueda producirse tal posibilidad, el reto del Gobierno, con el que deben estar los partidos políticos y todos los agentes económicos y sociales, está en impedir que la cifra de cinco millones de parados sea una dramática realidad antes de que acabe el año. Que el deterioro del empleo sea tal que ya no baste la solidaridad de las familias ni la economía sumergida para evitar el conflicto social, porque, de seguir así, ha de llegar un momento en el que no haya más recursos para garantizar la protección social a tanto desempleado.
Más de tres millones de personas la tienen ya, pero el paro de larga duración -con más de un año sin trabajo- afecta actualmente a 1.680.000 personas y, muchas de ellas, mayores de 45 años, con lo que corremos el riesgo de que un colectivo social muy numeroso se enquiste en un desempleo estructural de imposible solución. Si hay algo que demuestra el cruce de la demanda y la oferta de empleo es que el peor candidato para las empresas es aquel que lleva largo tiempo fuera del mercado laboral, que hace tiempo que perdió el hábito de trabajar todos los días.
No olvidemos tampoco que, con más de 30.000 millones de euros anuales, el gasto en la cobertura del paro es el principal causante del crecimiento del déficit y que el comisario europeo de la Competencia, Joaquín Almunia, ha advertido al Gobierno de que España “está en el tiempo de descuento” de la paciencia de los mercados internacionales para que restaure de manera creíble la estabilidad de sus cuentas. Tiene razón el comisario cuando dice que, en su nerviosismo especulativo, los mercados ya no distinguen nada dentro de los países con problemas, aunque el Gobierno se empeñe en diferenciar nuestra posición económica de la griega.
En estas circunstancias, conviene recordar que la última reforma importante de la protección por desempleo, con recorte de derechos, la hizo un Gobierno de Felipe González, durante la crisis y recesión 1992-1993. Entonces, el Ejecutivo rebajó el tiempo de protección en relación con la cotización y la cuantía de la paga a los desempleados para reducir el gasto. Es verdad que el presidente se ha comprometido con los sindicatos a no recortar derechos sociales, pero también ha asegurado que reducirá el déficit cueste lo que cueste. Vamos a ver si se atreve cuando Cándido Méndez le acaba de advertir, en el 1º de Mayo, de que puede tener “un conflicto laboral de alcance”.
