Los autonomos en paro podran cobrar desempleo un año

El autónomo que se quede en paro podrá cobrar el desempleo un año

1. • La cotización adicional de 19 euros al mes dará derecho a recibir hasta 1.300 € si cierra el negocio
   
2. • El Gobierno acepta al final doblar el plazo de cobro de la prestación para no volver a quedarse solo
   

Tras el mal trago del plan de ajuste, el Gobierno decidió ayer que no podía volver a quedarse solo en un asunto con impacto social. Al contrario de lo que sucedió hace unas semanas con el recorte de los plazos de pago en las operaciones comerciales, el PSOE claudicó ante la oposición, que le había reclamado doblar hasta un año el plazo máximo en que los autónomos cobrarán la nueva prestación voluntaria por cese de actividad (ayuda equivalente a la que perciben los asalariados cuando se quedan en situación de paro).
El proyecto original del Ministerio de Trabajo era que el subsidio contributivo tuviese un periodo máximo de cobro de seis meses, y así lo ha defendido el grupo socialista durante todos los meses de su tramitación en el Congreso. Sin embargo, su portavoz en la comisión de Trabajo, Jesús Membrado, planteó ayer por la mañana a algunos grupos minoritarios ampliar el tope hasta los ocho meses para no perder la votación del proyecto.
La propuesta no logró romper la unidad de la oposición, y el partido que apoya al Ejecutivo se vio obligado a ceder. El paro de los trabajadores por cuenta propia, así, va a incorporar dos nuevos tramos. Por más de 43 meses de cotización, tendrán derecho a percibir la ayuda durante ocho meses. Y si superan los 48 meses de aportación, percibirán la prestación durante un año.

AYUDA A MAYORES / Se suman a los cinco tramos anteriores, que van desde los dos meses de cobro (de 12 a 17 de cotización) a los seis (entre 36 y 42 meses). El Congreso también aprobó ayer mejorar las condiciones para las personas de entre 60 y 64 años, que podrán acceder a los ocho meses de cobro a partir de los 30 meses de cotización y a los 12 meses a partir de los 43 meses.
El aumento del plazo ha traído consigo un incremento de la aportación que tendrán que hacer los autónomos. El proyecto original del Gobierno establecía que dedicaran un 1% adicional de su cotización mensual por contingencias profesionales (accidente o enfermedad) a generar el derecho a la prestación, aunque luego lo subió al 1,8%.
Al final, se ha pactado elevarlo al 2,2%, si bien las asociaciones del sector apuntan que en la práctica el trabajador cotizará por el 1,7%, ya que hay una bonificación del 0,5%. Según sus cálculos, los autónomos que quieran aportarán de media unos 19 euros al mes para poder cobrar.

700 EUROS DE PRESTACIÓN /El trabajador percibirá al 70% de su base de cotización. La aportación media mensual de los algo más de 365.000 autónomos que pagan por contingencias profesionales (los que lo hacen voluntariamente, más los económicamente dependientes y los de actividades de alto riesgo, que están obligados) son unos 990 euros, con lo que la prestación media será de alrededor de 700 euros.
El proyecto del Gobierno es que la prestación ascienda a un máximo de 1.300 euros al mes con un mínimo de 580 euros. Los grupos parlamentarios han pactado que, una vez el autónomo haya agotado la prestación, el plazo para volver a cobrarla sea de 18 meses, en lugar de los 24 previstos. El trabajador tendrá que acreditar una caída de ingresos del 30% en un ejercicio para pedirla, en vez del 40% inicial, o un descenso del 20% durante dos años seguidos.
También han acordado crear un fondo de reserva y destinar parte de los excedentes a actividades de formación de los autónomos que queden parados. Lo único que no ha aceptado el PSOE es que la morosidad en los pagos sea válida como causa objetiva de cese de actividad.
Membrado afirmó que la norma final «no es patrimonio de unos u otros», pero destacó que la impulsó el Gobierno y que es la primera de su naturaleza en Europa. Carles Campuzano, diputado de CiU, culpó, en cambio, al Ejecutivo de que la norma llegue tarde y le aconsejó no ir «vendiendo humo» con su aprobación, pues sus políticas sociales gozan ahora de «poca credibilidad». El objetivo es que esté en vigor tras el verano, con lo que los primeros cobros serán un año después.